Estudios de casos
Caso de S.A.
S se encontraba atrapado en el laberinto de la burocracia estadounidense: iba de la embajada al USCIS, pasando por las divisiones del USCIS y la CBP encargadas de la Ley de Libertad de Información, tratando de averiguar por qué se le había prohibido el acceso a Estados Unidos de forma permanente en virtud del artículo 212(a)(6)(C)(i). Pero nadie se lo quería decir. Así que, después de que se pusiera en contacto con nosotros y revisáramos su complicada situación, decidimos impugnar la fuente original de la notificación. Argumentamos que se había cometido un error en la interpretación consular de una «señal de alerta» y que no podía haber habido una resolución de inadmisibilidad en virtud del artículo 6Ci. Tras una breve revisión, el Departamento de Estado estuvo de acuerdo y confirmó que no existía ninguna resolución de inadmisibilidad en virtud del artículo 6Ci.
Caso de X.Y.
Para nosotros y para X, una científica china, era todo un misterio: ¿por qué se le había prohibido permanentemente la entrada a Estados Unidos en virtud del artículo 212(a)(6)(C)(i) y qué organismo había tomado esa decisión? ¿Fue la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o el funcionario consular quien tomó la decisión? Las respuestas iniciales del consulado a nuestras consultas fueron evasivas y poco claras. Solo tras repetidas solicitudes y mucha insistencia, el consulado cedió: sí, había tomado la decisión y, tras una revisión más detallada, se dio cuenta de que había cometido un grave error. Finalmente, retiró la prohibición 6Ci, una prohibición que nunca debería haberse impuesto en primer lugar.
Caso de H.S.
Hace más de 20 años, H aceptó declararse «nolo contendere» ante un cargo relacionado con agresión. La ley en virtud de la cual fue condenado era muy amplia: permitía una condena incluso por un simple contacto físico, y no solo por violencia, lesiones o intención de causar daño. La jurisprudencia federal también estaba del lado de H, al sostener que no se trataba de un delito de vileza moral. Pero a nadie en la embajada le importó entrar en detalles: a lo largo de 20 años, la embajada denegó de forma continua y automática su visado en virtud de la sección 212(a)(2)(A)(i)(I); durante todos esos años, según la embajada, necesitaba una exención de no inmigrante para viajar a los Estados Unidos. H no le dio mucha importancia al asunto, hasta que le denegaron sus solicitudes de exención y sus familiares en EE. UU. necesitaron que los visitara. Fue entonces cuando se puso en contacto con nosotros, y nosotros impugnamos la decisión de prohibición permanente, argumentando que su condena no era por un delito de depravación moral. Tras un proceso de revisión de tres meses, se revocó la decisión 2AiI. Ahora, tras veinte años perdidos, H ya no necesita una exención para viajar a Estados Unidos.
Caso de C.N.
El abogado de C le dijo que la CBP había levantado la prohibición permanente por falsedad en la declaración prevista en el artículo 212(a)(6)(C)(i), pero no era así. Ella solo se enteró de ello cuando solicitó un visado y el cónsul le informó de que la prohibición seguía vigente. Fue entonces cuando se puso en contacto con nosotros. Nos pusimos en contacto tanto con la CBP como con el Departamento de Estado para evitar que se produjera un «pase de la pelota». Tras algunas idas y venidas, finalmente la CBP confirmó que había eliminado la prohibición 6Ci, lo que permitió a C. solicitar un nuevo visado.
Caso de M.M.
Cuando M era joven, se vio envuelto en una pelea, lo que acabó en una condena por «causar deliberadamente daños leves». Aunque la condena había sido eliminada de su expediente en virtud de la legislación local, seguía siendo un posible problema para su inmigración a los Estados Unidos. Se había casado con una titular de la tarjeta verde estadounidense y a la pareja le preocupaba que esto supusiera un obstáculo para su inmigración, o que necesitara una exención de inmigración, cuyo trámite podía llevar varios años. Tras realizar un análisis jurídico, llegamos a la conclusión de que se aplicaba la excepción de la sentencia («delito menor»), ya que se trataba de su única condena, la pena máxima de cárcel no superaba un año y se le había condenado a menos de seis meses de prisión. Esto significaba que la sección 212(a)(2)(A)(i)(I) no se le aplicaba y que no necesitaba una exención. Le ayudamos a preparar una explicación en su formulario de solicitud de visado de inmigrante DS-260 y un breve memorándum jurídico que reflejaba esa conclusión. A los pocos días de su entrevista, la embajada le expidió el visado de inmigrante.
Caso de R.R.
R estaba preocupado. Hace unos años le habíamos ayudado a obtener una exención de no inmigrante en virtud del artículo 212(a)(6)(C)(i). Antes de la era «Trump 2.0», la renovación de las exenciones de no inmigrante era relativamente sencilla: siempre que el solicitante cumpliera con los términos del visado y de la exención, el funcionario consular solía renovar la exención de no inmigrante. Pero eso cambió en 2025. La Administración Trump anunció que ya no tendría en cuenta las exenciones para no inmigrantes concedidas anteriormente. Cuando el proceso de exención para no inmigrantes de R se alargó indefinidamente, R empezó a ponerse nervioso. Pensó que no podría visitar a su familia en Estados Unidos. Pero después de que siguiéramos presionando con su caso, finalmente, la embajada le expidió el visado, concediéndole la exención para no inmigrantes por el período máximo de 5 años.
Caso de B.T.
Debido a una condena relacionada con un caso de posesión de drogas cuando tenía 21 años, B era inadmisible en virtud del artículo 212(a)(2)(A)(i)(II). Durante años, pudo obtener una dispensa de no inmigrante. Pero cuando caducó su visado más reciente y volvió a solicitar una nueva exención, de repente, el funcionario consular le entregó una hoja de denegación de visado en la que se indicaba que era traficante de drogas: Sección 212(a)(2)(C)(i). ¿Cómo es posible? Durante nuestra consulta con B, profundizamos en el incidente relacionado con las drogas y llegamos a la conclusión de que sólo podía considerarse una infracción de sustancias controladas, no tráfico. Ayudamos a B a redactar una carta a la embajada pidiendo aclaraciones y cuestionando la denegación. Al cabo de un par de días, la embajada reconoció su error, retiró la entrada 2C y recomendó la concesión de la dispensa para la inadmisibilidad 2AiII
Caso de P.T.
P es una profesional en su país de origen con un historial de visados estadounidenses que se remonta a muchos años atrás. A principios de 2019, recibió un nuevo visado estadounidense y viajó a Estados Unidos para visitar a su familia. Más tarde, durante la pandemia, dio a luz en EE.UU. a finales de 2020, pagó las facturas del hospital y se marchó en un par de meses. Pero a pesar del edicto en blanco y negro de la Norma de Turismo de Nacimiento de Trump de que solo se aplicaría los visados expedidos después de enero de 2020, el cónsul decidió aplicar la norma con carácter retroactivo a P. El cónsul dictó la “pena de muerte” de EE. UU. contra P: declararla permanentemente inadmisible en virtud de la disposición de tergiversación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, Sección 212(a)(6)(C)(i). No está claro si la decisión se derivó de la discriminación, de una agenda personal o de la pura ignorancia, pero tras la preparación de una cronología de los hechos, documentación justificativa y una solicitud de rescisión, el Departamento de Estado retiró rápidamente la prohibición permanente de 6Ci a P.
Caso de F.G.
F es un empresario de éxito y reconocido en su comunidad. Había viajado a Europa y Estados Unidos en más de 30 ocasiones a lo largo de 20 años. Pero, para su sorpresa, la embajada estadounidense en su país de origen acusó a F de haber “introducido clandestinamente” a su hijo adolescente en Estados Unidos hace 10 años, cuando en realidad su ex mujer había secuestrado a su hijo. El caso requirió la recopilación de abundante documentación: a través de la Ley de Libertad de Información, pudimos obtener copias de anteriores solicitudes de visado y registros de entrada; con la ayuda de un abogado local, pudimos obtener documentos pertinentes del caso de divorcio. A continuación, pudimos presentar estos documentos, otras pruebas y nuestra solicitud de supresión de la prohibición permanente de contrabando de extranjeros 212(a)(6)(E) a la Embajada y al Departamento de Estado para su revisión. Tras un largo proceso de revisión, se eliminó la prohibición
Caso de M.Z.
El caso de M se remonta a hace más de una década, cuando el CBP no le permitió entrar en EE.UU. para ver a su marido, ciudadano estadounidense y moribundo. Más tarde, su hija, ciudadana estadounidense, solicitó su inmigración. Pero cuando se aprobó la petición I-130 y M solicitó su visado de inmigrante, se le denegó en virtud del artículo 212(a)(6)(C)(i). Lo que agravaba aún más la situación era que los padres de ciudadanos estadounidenses declarados inadmisibles en virtud de este artículo de la ley no podían acogerse a ninguna exención de inmigración. Lo que resultaba aún más desconcertante era que, tras revisar los resultados de una solicitud de registros FOIA y hablar con M en profundidad, no quedaba claro de qué se la acusaba exactamente, es decir, ¿en qué consistía la falsedad? Así que nos pusimos en contacto con la embajada para pedir una aclaración. En respuesta, la embajada reconoció que se había cometido un error y eliminó la declaración falsa. M recibió entonces su visado de inmigrante IR-5 y pudo reunirse con su hija en Estados Unidos.