Estudios de casos
Caso de O.A.
O y su marido llevaban una vida cómoda en su país de origen y viajaban con frecuencia al extranjero. En una de sus visitas a Estados Unidos, ella dio a luz a su hijo. Es importante destacar que ella había recibido su visa de visitante B-1/B-2 antes de la aplicación de la norma de turismo de nacimiento de Trump en enero de 2020. Pero eso no impidió que un cónsul tratara de aplicarle la norma con carácter retroactivo, en flagrante violación de la misma. ¿El castigo? Una prohibición permanente de entrar en Estados Unidos en virtud del artículo 212(a)(6)(C)(i). Pero después de que O se pusiera en contacto con nosotros, pudimos representarla para argumentar la aplicación errónea de la norma en su caso. Tras una prolongada revisión, el cónsul anuló la decisión del 6Ci.
Caso de A.B.
A ganó la lotería de la DV, pero no tuvo tanta suerte cuando se encontró con el cónsul “equivocado”. En su entrevista para la visa, el cónsul dibujó un triángulo y le exigió que calculara el número de grados de uno de los ángulos; A estaba confundida: había terminado el bachillerato y, por tanto, cumplía los requisitos para la visa de diversidad (de hecho, era estudiante universitaria) ¡Pero no sabía que le iban a evaluar lo que aprendió en sus clases de matemáticas en el instituto! Aun así, fue incapaz de responder a la pregunta. Desafortunadamente, le negaron la visa en virtud del artículo 203(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad por no cumplir los requisitos mínimos de educación. El programa de DV terminaba en menos de un mes, por lo que ella contaba con poco tiempo para evaluar la situación en la que estaba y encontrar una solución. Después de que ella se pusiera en contacto con nosotros, nos pusimos inmediatamente en contacto con Washington, alertándoles de que el cónsul se había excedido en su autoridad al imponer estos controles académicos. Tras una breve revisión, la visa se expidió una semana antes de la fecha límite.
Caso de S.S.
La Sra. S., ciudadano de la India, había trabajado en California con una visa H-1B durante muchos años. Su esposo, que estaba en estado H-4, regresó a la India y solicitó renovar su visa H-4 en el consulado en Chennai. Su solicitud fue denegada bajo 221(g), y permaneció pendiente durante más de 7 meses. La Sra. S. nos contrató y, en un par de semanas, el Sr. S. recibió su visa y se reunió con su esposa en los Estados Unidos.
Caso de K.R.
La Embajada de los Estados Unidos en Nueva Delhi, India, prohibió permanentemente a la Sra. R. por cometer tergiversación material. Fue obligada a firmar una declaración dictada por un funcionario consular abusivo y esa declaración se utilizó como base para la prohibición. Ella entonces nos contactó, y pudimos intervenir y lograr que fuera anulada la decisión.
Caso de A.S.
Después de que S se negó a casarse con un ciudadano estadounidense, él envió una carta anónima ofensiva a la policía, acusándola de ser un espía. Entonces ella fue citada al consulado, y el funcionario consular revocó su visa. La Srta. S se puso en contacto con nuestra firma. Pudimos interceder en su nombre y el funcionario consular le emitió una nueva visa B de 3 años.
Caso de A.C.
El Sr. C trabajó como maestro en una escuela primaria en Texas durante varios años con la calidad migratoria de H-1B. Cuando solicitó la renovación de su visa H-1B en la Ciudad de México, el funcionario consular lo rechazó, expresando su convicción de que Texas debería contratar maestros estadounidenses. El distrito escolar entonces planeó terminar su contrato porque no podía volver a los Estados Unidos. Nuestra empresa llevó esto a la atención del Departamento de Estado, y el funcionario consular emitió el visado al Sr. C.
Caso de A.B.
Un funcionario consular declaró al Sr. B. inadmisible de manera permanente a los Estados Unidos por ser traficante de drogas (Sección 212(a)(2)(C)(i)). La determinación se hizo fundamentándose en un solo elemento probatorio: una carta anónima ofensiva, aparentemente de un empleado insatisfecho. Hemos impugnado esta decisión con éxito y se ha rescindido la prohibición de su admisibilidad.
Caso de F.J.
Después de cinco años en que las peticiones de visa de inmigrante de sus hijos estaban pendientes en el consulado en Lagos, Nigeria bajo 221(g) o se regresaban a USCIS, la Sra. J se puso en contacto con nuestra firma. El consulado cuestionó la legalidad de su divorcio bajo la ley local. Inmediatamente nos pusimos en contacto con el consulado, organizamos una nueva entrevista para sus hijos y proporcionamos documentación adicional sobre su divorcio. A los pocos días de la nueva entrevista, sus hijos recibieron visas de inmigrante.
Caso de Y.A.
En un caso muy inusual, el Sr. A. era un inmigrante recién llegado de Uzbekistán que se enteró de que había ganado la Lotería. Debido a que su hijo de 21 años estaba varado en su país de origen, pero fue incluido como participante en la Lotería, el Sr. A. decidió obtener otra tarjeta verde para que su hijo fuera elegible para inmigrar también. El problema surgió, en primer lugar, cuando el Centro Consular de Kentucky le aconsejó que su hijo ya no podría inmigrar como dependiente porque había cumplido 21 años. Más tarde, el consulado informó al Sr. A. de que no podía obtener otra tarjeta verde, que tenía que solicitar por separado a su hijo, un proceso que podría tomar varios años. El Sr. A. se puso en contacto con nuestra firma, y pudimos solicitar con éxito la revisión de ambas decisiones, con el resultado final que el Sr. A. recibió otra tarjeta verde y a su hijo se le permitió inmigrar.
Caso de E.M.
El Sr. M fue condenado en su país de origen, Bielorrusia, bajo una disposición arcaica del Código Penal por “exceder” su autoridad en su capacidad de director en su empresa. El funcionario consular encontró que la condena era por un crimen de bajeza moral y permanentemente prohibió al Sr. M. de los Estados Unidos bajo la Sección 212(a)(2)(A)(i)(I). El Sr. M. contrató a nuestra firma, y realizamos un análisis en profundidad de los crímenes que caen bajo el alcance del estatuto en cuestión. Presentamos nuestras conclusiones y argumentos a los abogados del Departamento de Estado, quienes concluyeron que el delito no constituía un delito de bajeza moral y anularon la prohibición de inadmisibilidad.