Estudios de casos
Caso de F.G.
En este sitio web explicamos detalladamente la ausencia de un plazo de prescripción en la legislación de inmigración, y el cónsul del país de origen de F lo demostró. Veinte años después del incidente en el que sus dos hermanos habían viajado a EE. UU. con la ayuda de un «coyote», el cónsul imputó un cargo de tráfico de extranjeros en virtud de la Sección 212(a)(6)(E) al hermano mayor, que era menor de 18 años en el momento del cruce. Tras analizar todos los detalles con F, le ayudamos a preparar una declaración y las pruebas justificativas. Tras una revisión, la dirección consular retiró la resolución de inadmisibilidad basada en el apartado 6E.
Caso de T.J.
La esposa de T había solicitado un visado H-4. El problema era que el cónsul exigía que, antes de considerar la concesión del visado a su esposa, T -que se encontraba en situación válida de visado H-1B- tuviera que regresar a su país de origen y someterse a una nueva entrevista para el visado. A la espera de su regreso, el cónsul sometió la solicitud de su esposa a tramitación administrativa -artículo 221(g)-. El caso se había complicado debido a un incidente ocurrido en el pasado y a una revocación previa de la visa. Sin embargo, lo fundamental era que su esposa tenía derecho a la visa de dependiente y que no existía ningún requisito legal que obligara a T a regresar a su país de origen. Tras poner este asunto en conocimiento de la dirección consular y del Departamento de Estado, la esposa de T obtuvo la visa.
Caso de H.M.
No nos quedaba claro por qué la CBP no había entregado al empresario el «Registro de la declaración jurada». La CBP le había entregado a H el formulario firmado de «Retirada de la solicitud de admisión» (I-275) cuando tuvo un problema en la frontera, pero no el fundamental «Registro de la declaración jurada», el documento que recoge la conversación mantenida con el agente de la CBP. Nos pusimos en contacto directamente con el enlace del puerto y, al cabo de unos días, este nos entregó el «Registro de la declaración jurada», sin necesidad de recurrir al procedimiento de la Ley de Libertad de Información, que podría haber llevado varios meses.
Caso de S.U.
Esta acusación en virtud del artículo 212(a)(6)(E) surgió de forma inesperada, más de dos décadas después de la supuesta actividad de tráfico de extranjeros. La actividad se centraba en su marido, por lo que ella reunía los requisitos para una exención de inmigración por «unidad familiar». Preparamos el formulario I-601 de exención de inmigración y la documentación justificativa. El USCIS concedió la exención, sin solicitar pruebas.
Caso de N.C.
El Sr. N vivió una experiencia sumamente desagradable que podría haberle cambiado la vida: la CBP le impuso una prohibición de entrada permanente por una infracción relacionada con sustancias controladas en virtud del artículo 212(a)(2)(A)(i)(II). Sin embargo, la decisión de la CBP se basó en un exceso de celo, no en la ley. La decisión nos dejó perplejos, por lo que solicitamos una aclaración al jefe del puerto de entrada. Al constatar que su subordinado había tomado una decisión inadecuada, el jefe, por iniciativa propia, decidió revocar la decisión errónea basada en el apartado 2AiII.
Caso de R.U.
La Sra. R había sido acusada indebidamente, en virtud de la sección 212(a)(2)(C)(ii), de ser un familiar que había obtenido beneficios económicos de las ganancias de un traficante de drogas durante los cinco años anteriores. Sin embargo, su relación familiar y la ausencia de beneficio no cumplían los requisitos establecidos en la ley, por lo que impugnamos la corrección de la decisión. Tras una breve revisión, se retiró la resolución relativa al apartado 2Cii y ya no se le prohibió la entrada en los Estados Unidos.
Caso de B.N.
Se determinó correctamente que B había incurrido en una declaración falsa conforme a la sección 212(a)(6)(C)(i), por lo que no tuvo más remedio que solicitar una exención de inmigrante I-601 para reunirse con su familia en Estados Unidos. Los factores de dificultad extrema presentes en su caso eran sustanciales, pero de ninguna manera constituían un «caso ganado de antemano». Dedicamos un mes a recopilar las pruebas, haciendo hincapié en las circunstancias atenuantes de su caso: los horrores que se estaban produciendo en su país de origen, sus propios riesgos personales y el peligro y las enormes dificultades a las que se enfrentaría su familia si tuvieran que regresar a su país de origen. El USCIS aprobó la solicitud de exención sin solicitar pruebas adicionales.
Caso de C.A.
El Sr. C era estudiante en una prestigiosa universidad estadounidense, hasta que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estuvo a punto de echar por tierra su sueño. A su llegada al aeropuerto con su visado de estudiante, la CBP acusó al Sr. C de haber realizado declaraciones falsas en su solicitud de visado y le prohibió la entrada de forma permanente en virtud del artículo 212(a)(6)(C)(i). Tras revisar lo ocurrido en el aeropuerto y su solicitud de visado, pudimos constatar que, si bien había inexactitudes en su solicitud, estas no eran relevantes para su derecho a obtener el visado. Por ello, impugnamos la decisión de la CBP mediante una moción de reconsideración presentada en el mismo aeropuerto donde se había tomado la decisión. Tras varias idas y venidas, la CBP reconoció el error jurídico y revocó la decisión 6Ci.
Caso de O.H.
A lo largo de los años, O había realizado declaraciones falsas en sus solicitudes de visado y de ESTA, pero finalmente se le acabó la suerte. El cónsul descubrió sus falsedades y le impuso una prohibición permanente en virtud del artículo 212(a)(6)(C)(i). Sin desanimarse, O intentó solicitar por su cuenta una exención de no inmigrante, pero sin éxito. Fue entonces cuando se puso en contacto con nosotros. Le ayudamos a preparar una solicitud de exención de no inmigrante. Para preparar su entrevista, revisamos todas las posibles cuestiones y problemas de su complicado historial y realizamos una entrevista simulada. Tras una entrevista larga y detallada, el cónsul recomendó la exención de no inmigrante en virtud de la Sección 212(d)(3)(A).
Caso de A.M.
A. había estado obteniendo visados durante los últimos 25 años sin ningún problema. Pero los tiempos han cambiado. Todo está bajo escrutinio. Así que, después de que se le denegara un visado de visitante en virtud del artículo 214(b) y volviera a solicitarlo, su solicitud quedó sujeta al procedimiento administrativo del artículo 221(g) — ¡durante dos años! Tras analizar en profundidad su caso, decidió interponer una demanda de mandamus contra el Departamento de Estado y la Embajada. Tres semanas después de presentar la demanda, la Embajada se puso en contacto con él para comunicarle que estaba lista para expedir el visado y le pidió que presentara su pasaporte. Poco después, recibió un nuevo visado.