Estudios de casos
Caso de B.T.
Debido a una condena relacionada con un caso de posesión de drogas cuando tenía 21 años, B era inadmisible en virtud del artículo 212(a)(2)(A)(i)(II). Durante años, pudo obtener una dispensa de no inmigrante. Pero cuando caducó su visado más reciente y volvió a solicitar una nueva exención, de repente, el funcionario consular le entregó una hoja de denegación de visado en la que se indicaba que era traficante de drogas: Sección 212(a)(2)(C)(i). ¿Cómo es posible? Durante nuestra consulta con B, profundizamos en el incidente relacionado con las drogas y llegamos a la conclusión de que sólo podía considerarse una infracción de sustancias controladas, no tráfico. Ayudamos a B a redactar una carta a la embajada pidiendo aclaraciones y cuestionando la denegación. Al cabo de un par de días, la embajada reconoció su error, retiró la entrada 2C y recomendó la concesión de la dispensa para la inadmisibilidad 2AiII
Caso de P.T.
P es una profesional en su país de origen con un historial de visados estadounidenses que se remonta a muchos años atrás. A principios de 2019, recibió un nuevo visado estadounidense y viajó a Estados Unidos para visitar a su familia. Más tarde, durante la pandemia, dio a luz en EE.UU. a finales de 2020, pagó las facturas del hospital y se marchó en un par de meses. Pero a pesar del edicto en blanco y negro de la Norma de Turismo de Nacimiento de Trump de que solo se aplicaría los visados expedidos después de enero de 2020, el cónsul decidió aplicar la norma con carácter retroactivo a P. El cónsul dictó la “pena de muerte” de EE. UU. contra P: declararla permanentemente inadmisible en virtud de la disposición de tergiversación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, Sección 212(a)(6)(C)(i). No está claro si la decisión se derivó de la discriminación, de una agenda personal o de la pura ignorancia, pero tras la preparación de una cronología de los hechos, documentación justificativa y una solicitud de rescisión, el Departamento de Estado retiró rápidamente la prohibición permanente de 6Ci a P.
Caso de F.G.
F es un empresario de éxito y reconocido en su comunidad. Había viajado a Europa y Estados Unidos en más de 30 ocasiones a lo largo de 20 años. Pero, para su sorpresa, la embajada estadounidense en su país de origen acusó a F de haber “introducido clandestinamente” a su hijo adolescente en Estados Unidos hace 10 años, cuando en realidad su ex mujer había secuestrado a su hijo. El caso requirió la recopilación de abundante documentación: a través de la Ley de Libertad de Información, pudimos obtener copias de anteriores solicitudes de visado y registros de entrada; con la ayuda de un abogado local, pudimos obtener documentos pertinentes del caso de divorcio. A continuación, pudimos presentar estos documentos, otras pruebas y nuestra solicitud de supresión de la prohibición permanente de contrabando de extranjeros 212(a)(6)(E) a la Embajada y al Departamento de Estado para su revisión. Tras un largo proceso de revisión, se eliminó la prohibición
Caso de M.Z.
El caso de M se remonta a hace más de una década, cuando el CBP no le permitió entrar en EE.UU. para ver a su marido, ciudadano estadounidense y moribundo. Más tarde, su hija, ciudadana estadounidense, solicitó su inmigración. Pero cuando se aprobó la petición I-130 y M solicitó su visado de inmigrante, se le denegó en virtud del artículo 212(a)(6)(C)(i). Lo que agravaba aún más la situación era que los padres de ciudadanos estadounidenses declarados inadmisibles en virtud de este artículo de la ley no podían acogerse a ninguna exención de inmigración. Lo que resultaba aún más desconcertante era que, tras revisar los resultados de una solicitud de registros FOIA y hablar con M en profundidad, no quedaba claro de qué se la acusaba exactamente, es decir, ¿en qué consistía la falsedad? Así que nos pusimos en contacto con la embajada para pedir una aclaración. En respuesta, la embajada reconoció que se había cometido un error y eliminó la declaración falsa. M recibió entonces su visado de inmigrante IR-5 y pudo reunirse con su hija en Estados Unidos.
Caso de R.T.
R fue víctima de Integra. Cayó en la trampa del representante de Integra, una de las empresas fraudulentas de formación práctica opcional (junto con Andwill, AzTech, Wireclass y Finddream). Pero tras un par de semanas sin recibir ninguna tarea ni la formación prometida, R decidió seguir adelante. Encontró un trabajo en su campo de ingeniería y su empleador le patrocinó para su visado H-1B. USCIS emitió una solicitud de pruebas en la que preguntaba por Integra. Tras responder a la solicitud, se aprobaron la petición y su cambio de estatus. Años más tarde, su empleador presentó una petición de prórroga del visado H-1B al USCIS, que aprobó la petición. Así que cuando R regresó a su país de origen para visitar a su familia y solicitar un visado H-1B, se sorprendió al recibir una hoja de denegación con una prohibición permanente 212(a)(6)(C)(i) por su asociación con Integra. Entonces se puso en contacto con nosotros. Preparamos una solicitud al sistema Programa de información sobre compensación de viajes (TRIP) del Departamento de Seguridad Nacional para reabrir y reconsiderar dicha determinación. Poco después, el funcionario consular solicitó su pasaporte, se retiró la prohibición y R recibió el visado H-1B.
Caso de E.O.
El problema de O es cada vez más común: no sólo los funcionarios consulares del Departamento de Estado toman decisiones de inadmisibilidad, sino también los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional: USCIS, Aduanas y Protección de Fronteras, e Inmigración y Control de Aduanas. Lo que hace que las decisiones del DHS sean problemáticas es que 1) las personas a menudo no son conscientes de las conclusiones hasta que están fuera de EE.UU. y solicitan un visado y 2) el DHS no tiene un procedimiento oficial de apelación. En el caso de O, no supo que era inadmisible en virtud del artículo 212(a)(2)(A)(i) hasta que solicitó un visado familiar de inmigrante para reunirse con su hermano, ciudadano estadounidense, en Estados Unidos. Un año después de que el cónsul tomara la decisión de denegación, su hermano estadounidense se puso en contacto con nosotros. Sólo después de que preguntáramos al consulado, éste nos informó de que la decisión de inadmisibilidad había sido tomada por el DHS y no por el funcionario consular. Entonces impugnamos la decisión del DHS de que la condena anterior de O era por un delito de vileza moral (una infracción del registro de conductores), y el DHS retiró la decisión de inadmisibilidad. Pero O no estaba libre en ese momento: el cónsul retuvo la expedición del visado, poniendo en duda que los hermanos fueran realmente hermanos. Entonces O reunió y nosotros aportamos fotografías de los dos hermanos que databan de los años setenta, así como otros documentos oficiales en los que figuraban los hermanos. Poco después, el cónsul expidió finalmente el visado de inmigrante.
Caso de B.C.
La situación de B muestra el carácter draconiano de la “regla” de los 90 días y hasta qué punto el cónsul investigará el historial de visados de una persona. Hace casi dos décadas, B viajó a Estados Unidos para visitar a su hermana y a unos amigos. Durante su visita, su hermana le pidió que la ayudara en un lugar donde hacía trabajo voluntario. Esta información salió a la luz la siguiente vez que intentó entrar en EE.UU., cuando el CBP le dio el alto. Aunque el CBP le envió a casa, no le acusó de mentir sobre la naturaleza de su visita cuando había entrado anteriormente. Pero eso no detuvo al cónsul. Después de que a B se le denegara el visado de visitante por los motivos habituales de “falta de vínculos” (214(b)), la hija de B, ciudadana estadounidense, solicitó su inmigración. Y fue en esa entrevista para el visado de inmigrante cuando el cónsul decidió indagar en lo ocurrido hace casi 20 años. El cónsul impuso a B una prohibición permanente en virtud del artículo 212(a)(6)(C)(i), al considerar que B había mentido al funcionario del CBP cuando llegó: que su verdadera intención era trabajar con su hermana con un visado B, que lo hizo en los 90 días siguientes a su llegada, y esto era “prueba” de que había falseado su intención en el aeropuerto cuando llegó. La hija de B se puso entonces en contacto con nosotros. Entonces reunimos pruebas de su visita de hace casi 20 años para demostrar que su intención en el momento de su entrada era ver a su hermana y amigos; no hizo ninguna declaración falsa a su llegada; y no “trabajó”. Tras una prolongada revisión de nuestra presentación, se retiró la conclusión 6Ci y B recibió el visado de inmigrante IR-5.
Caso de T.R.
T fue otra víctima de Andwill. No se enteró del problema hasta después de salir de EE.UU., cuando solicitó un nuevo visado H-1B y el cónsul le informó de la prohibición permanente impuesta por el DHS en virtud del artículo 212(a)(6)((C)(i). El cónsul empezó a tramitarle una exención de no inmigrante en virtud del artículo 212(d)(3)(A). Pero había dos problemas: 1) la tramitación de una exención de no inmigrante llevaría más de 6 meses y T no estaba seguro de que su empleador le esperara; y 2) T tenía un interés potencial en inmigrar a EE.UU. en el futuro y la prohibición 6Ci sería un obstáculo permanente: necesitaría una exención de inmigrante y tales exenciones sólo se conceden en circunstancias limitadas. Así que T se puso en contacto con nosotros. En una semana pudimos preparar y presentar su impugnación de la prohibición permanente ante el Departamento de Seguridad Nacional. Un mes después, nos notificaron una medida correctiva. Nos pusimos en contacto con el consulado y una semana después le solicitaron el pasaporte y le expidieron el visado. T pudo reincorporarse con éxito a su puesto de trabajo y tendrá la posibilidad de inmigrar si así lo desea en el futuro.
Caso de U.R.
U solicitó al USCIS sus expedientes EB-5 en virtud de la Ley de Libertad de Información. Pero en lugar de entregar todos sus expedientes, el USCIS sólo entregó algunos de ellos. Afirmó que no había más expedientes. Sabíamos que era un error y nos pusimos en contacto con la dirección de FOIA de USCIS. Tras una resistencia continua, ampliamos nuestra queja. Finalmente, el USCIS entregó todo el material de la FOIA, miles de páginas.
Caso de N.B.
En un épico caso de visado E-2 que tuvo lugar a lo largo de más de dos años durante la pandemia, con 3 entrevistas de visado en dos países diferentes, N tuvo la desgracia de un “doble golpe”. El consulado le abofeteó con dos acusaciones, cada una de las cuales daba lugar a una prohibición permanente de entrada en Estados Unidos: un delito de bajeza moral (212(a)(2)(A)(i)(I)) y una declaración falsa intencionada y material (212(a)(6)(C)(i)). La acusación de delito de vileza moral era endeble porque el estatuto relativo a la adquisición de datos abarcaba conductas que no eran delito de vileza moral. La acusación de falsedad se refería la forma en que se cumplimentó su DS-160 al abordar el incidente delictivo. Impugnamos ambas decisiones. Una vez eliminada la acusación de delito de vileza moral, ayudamos a N a prepararse para la entrevista sobre la tergiversación. Tras una larga y exhaustiva entrevista, el consulado retiró la declaración falsa y expidió el visado E-2 a N, permitiéndole finalmente regresar a Estados Unidos.