Ley de Libertad de Información y solicitud de FOIA: claves para casos de visa e inmigración
Una solicitud de FOIA puede ser sumamente útil para conocer qué información posee una agencia gubernamental, aclarar fechas o incluso reconstruir un expediente en casos donde se hayan perdido o extraviado documentos. Este tipo de solicitud puede ser clave para superar una determinación de inadmisibilidad en trámites de visa, en especial en situaciones que involucren acusaciones de representaciones falsas, tráfico de personas o presencia ilegal.
De acuerdo con la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, todas las agencias del Poder Ejecutivo del gobierno están obligadas a divulgar sus registros cuando reciben una solicitud por escrito, salvo aquellos protegidos por exenciones específicas, como razones de aplicación de la ley, seguridad nacional o privacidad. En general, el Gobierno no cobra tarifas por realizar la búsqueda, aunque se reserva el derecho de hacerlo en ciertos casos.
Lo que hace que el proceso de solicitud de FOIA sea desafiante es que no existe una oficina central encargada de procesar las peticiones para todas las agencias federales. Por ello, es necesario identificar qué agencia probablemente posee los registros buscados y presentar la solicitud de FOIA directamente ante ella. Entre las más comunes se encuentran el Departamento de Estado, el FBI, el USCIS, Aduanas y Protección Fronteriza, la Administración de Control de Drogas y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
Este procedimiento puede resultar complicado en solicitudes más antiguas, sobre todo en aquellas anteriores al año 2001. Además, conforme a la Ley de Libertad de Información, redactar de manera correcta la solicitud es esencial para garantizar la eficacia de la respuesta por parte de la agencia gubernamental.
La divulgación de registros del Departamento de Estado, embajadas y consulados se limita a copias de los documentos presentados por los solicitantes de visa, como los formularios DS-160 y DS-260. En cambio, la información proporcionada por otras agencias bajo la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos es mucho más amplia, ya que estas están obligadas a divulgar todos los registros que mantengan sobre un individuo, salvo que la información esté protegida por alguna excepción legal. En términos jurídicos, existe una “presunción de divulgación”.
Una solicitud de FOIA presentada ante el USCIS puede emplearse para obtener copias de peticiones y solicitudes previas, así como memorandos internos relacionados con la admisibilidad del individuo. Por ejemplo, puede incluir reportes de visitas del USCIS a un empleador o investigaciones sobre la autenticidad de documentos académicos. Asimismo, una solicitud de FOIA ante el CBP permite acceder a registros de aeropuertos y puertos de entrada, como declaraciones juradas, órdenes de expulsión acelerada y notas internas de inspectores. En cuanto al FBI, sus archivos suelen incluir antecedentes penales y otros informes relevantes.
A veces, el alcance y la cantidad de documentos obtenidos mediante una solicitud de FOIA pueden resultar sorprendentes: decenas o incluso cientos de páginas que contienen información crucial sobre los datos que el gobierno de EE.UU. posee acerca de una persona y las conclusiones que ha formulado sobre su situación. No es raro que parte de esa información sea inexacta, basada en suposiciones erróneas o en una aplicación incorrecta de la ley.
Cuando la respuesta de una agencia gubernamental resulta insuficiente o inadecuada, la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos permite apelar la decisión. Por ejemplo, si la agencia realiza una búsqueda superficial o deficiente, puede emitir una respuesta de “no hay registros”. En esos casos, es posible presentar una apelación o incluso una queja formal para solicitar una revisión más exhaustiva.
Todas las agencias federales están obligadas a responder a una solicitud de FOIA dentro de un plazo de veinte días hábiles. No obstante, debido al considerable retraso existente en la mayoría de las dependencias, los tiempos reales de respuesta pueden extenderse a más de tres, seis o incluso doce meses.
Por ejemplo, en un caso reciente presentamos una solicitud de FOIA ante el CBP en febrero de 2023 sin recibir respuesta durante varios meses. En noviembre de ese mismo año se interpuso una demanda contra la agencia, y en tan solo dos meses se obtuvieron los resultados. En resumen, iniciar una acción legal puede ser una estrategia eficaz para acelerar la respuesta gubernamental.
Por supuesto, contar con apoyo legal en el proceso de FOIA es fundamental. No solo se requiere identificar correctamente la agencia competente y formular de manera profesional la solicitud, sino también analizar los resultados y diseñar estrategias adecuadas para abordar y, en el mejor de los casos, superar el problema legal subyacente.
Si necesita asistencia con su solicitud de FOIA o desea comprender mejor sus derechos bajo la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, no dude en contactarnos para recibir orientación profesional.