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La Administración Trump ha revocado más de 175.000 visas estadounidenses, según el Departamento de Estado, y, según se informa, la mayoría de las revocaciones están relacionadas con conductas delictivas, violaciones de las leyes de inmigración, fraude o cuestiones de seguridad nacional. Sin embargo, una categoría cada vez más importante comprende a personas cuyas visas han sido revocadas debido a declaraciones políticas, opiniones políticas, actividad en redes sociales o asociaciones con personas consideradas problemáticas por funcionarios del Gobierno estadounidense. Esta red de revocaciones de visas se ha extendido ampliamente, llegando incluso a incluir a figuras políticas de México y Brasil.

Sin embargo, la revocación de una visa no equivale a una determinación de inadmisibilidad. Conforme a la Sección 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), el Secretario de Estado o un funcionario consular tiene amplias facultades para revocar una visa después de que haya sido emitida. Pero cuando la persona solicita posteriormente una nueva visa, el Gobierno aún debe aplicar las disposiciones pertinentes de la ley. Por ejemplo, si la persona no ha cometido un delito comprendido en la Sección 212(a)(2); no está sujeta a un motivo de inadmisibilidad relacionado con seguridad o terrorismo conforme a la Sección 212(a)(3); no ha cometido fraude o tergiversación material conforme a la Sección 212(a)(6)(C)(i); y no existe ningún otro motivo aplicable de inadmisibilidad, puede no existir una base sustantiva para declarar a la persona inadmisible simplemente debido a sus opiniones políticas o a su asociación con otra persona. La actividad política puede implicar determinadas disposiciones de la Sección 212(a)(3) en algunas circunstancias, pero no existe una regla general que haga inadmisible a una persona simplemente por haber criticado al presidente Trump o por conocer a alguien que la Administración considere indeseable.