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A estas alturas, es posible que ya haya oído hablar del impactante memorándum sobre el ajuste de estatus publicado por el USCIS la semana pasada. En dicho memorándum, el USCIS hace hincapié en que la concesión del ajuste de estatus es «una cuestión de discrecionalidad extraordinaria» y que no pretendía «sustituir el proceso consular habitual de los visados de inmigrante». Aunque no está claro cómo se aplicará exactamente ni si será invalidado por los tribunales, lo que sí está claro es que, a día de hoy, hay un nuevo criterio a la hora de determinar si conviene solicitar el ajuste de estatus o el proceso consular. Cualquier persona con visado de no inmigrante —visitante (B o ESTA/VWP), estudiante (F), visitante de intercambio (J-1), profesional (H-1B), ejecutivo/gerente/especialista de negocios (L-1), persona con habilidades extraordinarias o distinguidas (ciencias, artes, etc.) (O-1), deportista o trabajador cultural (P) o trabajador religioso (R-1)— que se encuentre en los EE. UU. y tenga interés y fundamento legal para inmigrar a través de una categoría de inmigración por familia, pariente inmediato, empleo o lotería de diversidad debe considerar las posibles ramificaciones del nuevo memorándum.

No tiene sentido. ¿Por qué el presidente antiinmigrante está obligando a emigrar a personas que solo quieren visitar EE. UU.? Esta es una de las extrañas consecuencias de las políticas de visados draconianas y del mantra «el visado es un privilegio, no un derecho» que repite constantemente el secretario de Estado Rubio. Los funcionarios consulares de las embajadas y consulados de todo el mundo han convertido en arma la Sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para denegar visados de visitante B1/B2 por cualquier motivo imaginable: una supuesta falta de vínculos, la nacionalidad, deficiencias en la entrevista, tener un familiar en EE. UU., preguntas sobre los planes en EE. UU. Como se puede ver en la actualización recientemente publicada de nuestro artículo sobre la sección 214(b), según nuestro recuento, hay más de 40 motivos diferentes —muchos de ellos pretextos y totalmente falsos— por los que los cónsules deniegan las solicitudes de visado de no inmigrante.   Y dado que el artículo 214(b) no se aplica a los casos de visados de inmigrante y que los cónsules tienen una discrecionalidad limitada para denegar dichos visados, es poco probable que el cónsul pueda rechazar solicitudes legítimas de visado de inmigrante presentadas por esas mismas personas.